En el informe realizado por el Cabildo se definen como prioridades que la zona afectada sea declarada como «zona de especial actuación» por parte del Gobierno central, al objeto de posibilitar una intervención que no sólo ayude a paliar los daños directos sino que contribuya a mejorar las condiciones socioeconómicas de los municipios afectados. También se solicita la implementación, en una actuación conjunta entre Estado, Comunidad Autónoma y Cabildo Insular, dirigida a propiciar un ambicioso plan de prevención de incendios forestales, reposición de la foresta dañada y dotación de recursos suficientes en la Isla como para afrontar coyunturas similares.