Coalición Canaria estudia emprender acciones legales contra algunos miembros de la Audiencia de Cuentas, anunció ayer el presidente de CC en Gran Canaria, Carmelo Ramírez. Según el dirigente nacionalista, remitieron el «caso Icfem» a la Fiscalía Anticorrupción sin haber escuchado previamente a sus responsables. Ante tales acusaciones, EL DIA habló con el máximo responsable de la federación nacionalista, Paulino Rivero, pero éste prefirió no realizar comentario alguno por el momento.
Por otro lado, fuentes autorizadas del PP declararon a EL DIA que detrás de la petición del cese de Guillermo Guigou al frente de la Consejería de Agricultura del Ejecutivo Autónomo se esconde «una campaña de contaminación» de CC. Precisamente el propio consejero desmintió ayer que haya pensado en presentar su dimisión.
MARIA PISACA La comercialización de esos espacios aliviará los 615 millones que costarán las obras de reforma de la sede central
El edificio de la sede provincial de Correos y Telégrafos se someterá a partir de septiembre a una profunda reforma cuyo proyecto básico, al que ha tenido acceso EL DIA, contempla comercializar más de mil metros cuadrados de superficie sobrante. La «opción deseable» del proyecto es alquilar esos locales, que están distribuidos en seis plantas y que contarían con una puerta de acceso independiente, si bien se añade un cuadro estimativo de los precios de venta de esos espacios, 201 millones de pesetas. La medida podría «contribuir a aliviar la inversión que las obras requieren», cerca de 615 millones para un plan que cuenta con 14 meses de plazo.
Los representantes de las bodegas comarcales de Abona, Güímar, Icod y Tacoronte - Acentejo expresaron su total acuerdo con la introducción de uva foránea. Al mismo tiempo, expresaron su total apoyo a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Autónomo en su decisión de solicitar permiso a Madrid para llevar a cabo esa importación.
El motivo que apuntan es la mejora de los vinos del Archipiélago, de manera que se puedan conseguir caldos de crianza y de reserva. «Lo que deseamos es que libremente cada agricultor, cada bodega, cada consejo regulador o Isla pueda escoger lo que crean más conveniente».
Paralelamente, el Pleno del Consejo Regulador de Vinos de La Palma no aceptó la dimisión de su presidente, Carlos Fernández, que la había presentado como medida de protesta por la mencionada decisión del Ejecutivo Autónomo. El organismo estima que se pondría en peligro el sector vitivinícola isleño.