VITORIA (EFE). El Gobierno vasco ha presentado dos querellas contra el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, por incurrir en un posible delito de prevaricación y otro de calumnia, por unas declaraciones efectuadas por dicho cargo sobre la colaboración policial.
Estos posibles delitos están contenidos, para el Ejecutivo autónomo, en las manifestaciones que realizó Villar a la cadena CNN+ el pasado día 8 de junio, en las que aseguró que «nos es difícil compartir ciertos datos (policiales), aunque deberíamos hacerlo, con un Gobierno que colabora con los asesinos a los que perseguimos».
El Gobierno Autónomo decidió el pasado 13 de junio interponer estas querellas, y ayer hizo público que su presentación efectiva se realizó el pasado miércoles en los juzgados de instrucción de Vitoria y Madrid.
Para el Gobierno Vasco, «de esta declaración se deduce que el señor Villar reconoce que el Ministerio de Interior, intencionada e interesadamente, oculta información incautada a comandos de ETA al Departamento de Interior del Gobierno vasco, al que según el ordenamiento jurídico vigente compete la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas en Euskadi».
Este comportamiento entra dentro de la comisión de un presunto delito de prevaricación perseguible por la vía penal, además de constituir un flagrante incumplimiento del acuerdo estatutario, según el Ejecutivo vasco.
Por ello, se ha interpuesto una querella criminal en los juzgados de Vitoria, a los que correspondería entender de la presunta prevaricación, por ser la jurisdicción en la que está radicada la Delegación del Gobierno.
Asimismo, entiende que el delegado del Gobierno ha incurrido en un delito de calumnias al afirmar que el Gobierno colabora con asesinos, «lo cual es manifiestamente incierto e injustificable», asegura.
Por ello, ha presentado otra querella en los juzgados de Madrid, por ser la jurisdicción en la que presuntamente se cometió el delito de calumnias, ya que las declaraciones las hizo Villar en una entrevista en Madrid.
El Ejecutivo vasco ha entendido que no basta con la denuncia pública de estos hechos y que el comportamiento del delegado del Gobierno «debe ser enjuiciado con todas las garantías por los tribunales de justicia», por lo que ha presentado ambas querellas.
Por su parte, Enrique Villar ha mostrado su disposición a someterse a «lo que digan los jueces» sobre las dos querellas.