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TRIBUNALES Absuelto un hombre de los delitos de estafa y falsedad
Comprar con tarjetas robadas no es delito si el vendedor no pide el DNI

BARCELONA (EFE).Efectuar compras con una tarjeta de crédito robada no es delito si el comerciante omite las «mínimas comprobaciones exigibles» y no acredita la identidad del comprador, según ha acordado la Audiencia Provincial de Barcelona en una sentencia.

Con esta argumentación, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a Félix G.S. de los delitos de estafa y falsedad por los que fue acusado por el ministerio fiscal, aunque el acusado reconoció que empleó las tarjetas sustraídas, destacando el hecho de que una de ellas era propiedad de una mujer, y que firmó los recibos de compra.

La sentencia declara probado que Félix, de 43 años, se hizo con dos tarjetas de crédito, una de Bankinter a nombre de un ciudadano español, y, otra del «Banc de Crédit Agricole», cuya propietaria era una ciudadana francesa, Nathalie F.

Según el tribunal, entre el 9 y el 17 de julio de 1996, el acusado empleó las dos tarjetas para efectuar compras de tabaco y bebidas alcohólicas en diferentes estaciones de servicio de la comarca barcelonesa del Baix Llobregat.

La Sala afirma que, ante los comerciantes, el ladrón aparentó ser el titular de las tarjetas y «sin exhibir ningún otro documento, estampó una firma en el correspondiente recibo de venta sin que conste la similitud entre dichas firmas y las de las tarjetas».

Félix G.S. efectuó compras individualizadas por importes inferiores a 5.000 pesetas aunque con la tarjeta Visa de Bankinter hizo compras por un total de 104.647 pesetas y con la de la mujer, por 234.541 pesetas.

Petición del fiscal

El fiscal pidió para el acusado 2 años de prisión por estafa y otros 2 años por falsedad, así como una multa de 300 mil pesetas.

El tribunal aragumenta en su sentencia que, para condenar por estafa, se deben dar algunos requisitos como la existencia de un engaño bastante, es decir todo artificio engañoso eficaz de inducir a error al sujeto pasivo».

Otros requisitos son el «acto de disposición patrimonial productor del perjuicio» y una «relación causal entre el engaño bastante y ese acto de disposición patrimonial», así como un «ánimo de lucro».

El tribunal ahonda en que, para que sea relevante, ese engaño «debe ser objetiva y subjetivamente idóneo para generar en el sujeto a quien se dirige el error del que deriva directamente el acto de disposición patrimonial o, lo que es lo mismo, cristalizar en un engaño auténticamente peligroso para el patrimonio de terceros».

Aplicada esta doctrina al presente caso, resulta, a juicio del tribunal, que «el engaño utilizado no puede ser calificado como bastante pues un comerciante de una normal prudencia y conocedor de la práctica habitual en el tráfico mercantil no puede ni debe considerar suficiente la mera presentación de una tarjeta de crédito para acreditar la solvencia del acusado».

La sentencia destaca que «es elemental la comprobación de que dicha tarjeta pertenezca a su poseedor, salvo que, por su conocimiento directo, el vendedor conozca su identidad».

En el presente caso, indica la Sala, «no se ha practicado prueba alguna de que exista dicho conocimiento directo ni de que se solicitara documento de identidad a través del cual el empleado o dependiente del comercio hubiera podido comprobar que coincidían los datos de uno y otro documento». Esta comprobación, dice la sentencia, no tiene por que omitirse aunque el objeto adquirido sea de escaso valor, como sucedió en este caso.

La Audiencia subraya que «es llamativo, en este caso, que en todas las compras, salvo en una de ellas, la tarjeta exhibida pertenece a Nathalie F. persona cuya pertenencia a un sexo diferente a la del acusado no puede escapar al conocimiento de cualquier persona de un nivel cultural medio».


 

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