MADRID (EFE). El ex comisario general de Información (1982-1994) Jesús Martínez Torres declaró ayer en el juicio del «caso LasaZabala» que la Policía nunca atribuyó a los GAL la desaparición en 1983 en Bayona (Francia) de los dos presuntos etarras cuyos cadáveres aparecieron en cal viva en Busot (Alicante).

«Nunca consideramos que fuera una acción atribuible a los GAL porque, por los menos a mí, no me consta que hubiera ninguna reivindicación; entre otras cosas porque fue anterior a la aparición del primer comunicado de los GAL», aseguró Martínez Torres.

Con estas explicaciones el ex comisario general de Información justificó que la desaparición de Lasa y Zabala no figurase en el informe policial sobre los GAL que elaboró en 1986 a petición de la Audiencia Nacional, en el que concluyó que esta banda era hasta entonces responsable de 29 acciones terroristas, la primera de ellas el secuestro de Segundo Marey en diciembre de 1983.

Preguntado por el fiscal de por qué no se tuvo en cuenta la llamada anónima asumiendo los asesinatos que se recibió en Radio Alicante el 21 de enero de 1984, contestó que «si no está puesto aquí (en el informe) como acción atribuible a los GAL es porque la reivindicación no tendría credibilidad a los ojos del analista que lo examinó», o bien «no se tuvo conocimiento de la reivindicación».

El comisario restó fiabilidad a la llamada porque todas las reivindicaciones de los GAL «eran en francés generalmente» y no en castellano como la de Alicante; el texto era «muy similar en todos» y «éste se apartaba», y en este caso «tampoco» era «habitual» el medio de comunicación que recibió la llamada.

Afirmó que nunca recibió órdenes de investigar a los GAL, aunque opinó que tampoco tenía por qué recibirlas, ya que podía haberlo hecho por iniciativa propia, si bien advirtió que la investigación de los GAL era «difícil» porque se trataba de «extranjeros que cometían delitos en el extranjero».

Aunque después de la elaboración del informe la Justicia ha condenado hasta a un ex ministro del Interior por las actividades relacionadas con los GAL, como es el «caso Marey», Martínez Torres dijo que nunca tuvo ninguna información sobre la supuesta implicación en los hechos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según los datos que disponía por entonces, los implicados eran en su mayoría de delincuentes o mafiosos franceses, o elementos de extrema derecha relacionados con las OAS.

Martínez Torres, considerado un «peso pesado» en la lucha antiterrorista durante la democracia y que permaneció en el cargo durante casi todo el Gobierno socialista, ofreció un testimonio en el juicio que benefició en general a los acusados, y en particular al ex gobernador civil de Guipúzcoa, el acusado Julen Elgorriaga.